martes, 30 de enero de 2007

PRAGMATISMO DE CORTO PLAZO

Originalmente publicado en el portal de noticias www.todastuscosas.com.ar 18/11/2006

Pese a la exasperante continuidad del Gobierno Nacional en su política económica del día a día, una perspectiva alentadora aparece en el escenario: la saludable propuesta de regular el funcionamiento de las bases de datos crediticias y la declaración de una amnistía para deudores del periodo 2001-03 durante la crisis económica que sacudió al país.

En el continuo día a día que propone el Gobierno Nacional, la semana que está finalizando permite diferentes lecturas y evaluaciones diversas de los hechos, protagonistas y alcances sobre la economía argentina.

La discusión del presupuesto para el año 2007 enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo marcó el primer hecho destacado. Como sucedió durante toda la gestión de Néstor Kirchner, más allá del ministro de Economía que lo acompañe, la previsión de crecimiento del PBI (fijada en el 4% anual) fue muy inferior a la proyectada por consultoras y economistas privados (la ubican alrededor del 8%). Al igual que en años anteriores, no se trata de un error de cálculo de parte del Gobierno: mediante los superpoderes que mantiene el Jefe de Gabinete se pueden reasignar partidas sin ninguna necesidad de revisión, aviso u opinión de parte del Congreso.

Otro aspecto donde se hace visible la política oficial de corto plazo se observa en la prórroga del impuesto al cheque. Instalado por Domingo Cavallo en el epílogo del gobierno de la Alianza, año a año se fue renovando de manera supuestamente excepcional, aunque hoy resulte absolutamente descabellado pensar en su supresión. La razón es absolutamente sencilla: garantiza más de 10 mil millones de pesos anuales.

Si se tiene en cuenta que el 2007 es un año electoral, la posibilidad de reasignar parte de la recaudación sin control alguno poco aporta a la transparencia y a la mejora de calidad institucional que pregona la administración kirchnerista. Además no estaría mal un blanqueo definitivo de este impuesto mediante su inclusión de modo permanente en el Presupuesto, más allá del lobby que seguramente ejercerán aquellos sectores que se sientan perjudicados por la medida.

Frente al paro de los gremios del petróleo del sur del país, Kirchner y su gabinete mostraron rapidez y reflejos. La medida afectó a cuatro provincias argentinas: Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Con la mediación del Ministerio de Trabajo se acordó una suba del mínimo imponible para los empleados del sector petrolero, con lo cual se reduce el impuesto a las ganancias que tributarán en el futuro. Ese acuerdo alcanzó para que las provincias proveedoras de gas (Neuquén y Rió Negro) levantaran la medida y no corra riesgo su distribución, uno de los escenarios más temidos por el Ejecutivo. Sin embargo, las otras provincias rechazaron la propuesta por considerarla insuficiente y la discusión continuará en los próximos días.

Entre tanta macroeconomía y respuestas apresuradas en las que el Gobierno no logra marcar la agenda y corre detrás de ella, se conocieron dos proyectos de ley que vale la pena destacar por el impacto que tendrán en nuestra vida diaria.

Por un lado, se intenta regular el funcionamiento de las bases de datos que registran la situación patrimonial, crediticia y financiera de empresas y particulares (Veraz, Nosis y Fidelitas, entre las más conocidas). La iniciativa establece que la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales concentre la información que tienen esas empresas de riesgo crediticio y quien pueda demostrar que figura injustamente como moroso podrá tramitar, ante ese organismo, su exclusión inmediata.

El otro proyecto apunta a declarar una “amnistía” para los deudores que figuran en esas bases de datos que hayan ingresado entre enero de 2001 y diciembre de 2003. En caso de ser aprobada estas empresas que brindan los servicios de información crediticia deberán eliminar los antecedentes registrados durante esas fechas.

Por supuesto que se plantean dudas acerca de la instrumentación de ambas iniciativas pero es saludable que los salvatajes no se reduzcan a bancos y grandes empresas (una práctica instalada en la Argentina) y alcancen a los eslabones más débiles de la cadena como pymes y particulares.